Este miércoles el Congreso vota uno de los proyectos más esperados en materia educativa: la iniciativa que busca poner fin al Crédito con Aval del Estado (CAE) y reemplazarlo por el Fondo de Educación Superior (FES), un sistema de financiamiento público que promete un acceso más justo y universal para los estudiantes.

Según informó el Gobierno, el FES será un mecanismo administrado directamente por el Estado, sin la participación de bancos ni intermediarios financieros, destinando todos los recursos exclusivamente a fines educativos. El beneficio estará disponible para todos los estudiantes de educación superior, sin requisitos socioeconómicos ni de puntaje en la PAES.

Además, el proyecto contempla un alivio para quienes ya hayan terminado de pagar su deuda del CAE: podrán acceder a una rebaja tributaria de 4 UF anuales si egresaron de sus estudios y 6 UF si no los concluyeron, durante un período de 20 años.

Críticas desde el mundo académico

Pese al entusiasmo oficial, la propuesta también ha generado cuestionamientos. En conversación con Radio Cooperativa, un investigador calificó el proyecto como “tramposo”, señalando que, si bien busca responder a una demanda ciudadana histórica, podría generar nuevas desigualdades y tensiones dentro del sistema de educación superior.

Estas críticas se suman a advertencias de expertos sobre la sostenibilidad fiscal del modelo y el eventual impacto que tendría en universidades privadas que dependen de aranceles pagados vía crédito.

Un debate que marca un hito

De acuerdo con un análisis de BioBioChile, el FES propone no solo la eliminación del CAE, sino también una forma distinta de entender el financiamiento: un sistema universal, con pagos ajustados a los ingresos de los egresados y con la posibilidad de condonación en ciertos casos. La iniciativa ya fue aprobada en las comisiones de Educación y Hacienda, y su votación en sala será clave para determinar el futuro de miles de estudiantes endeudados.

Lo que está en juego

Si el proyecto se aprueba, Chile dará un paso histórico al dejar atrás un sistema de financiamiento ampliamente cuestionado durante más de una década. Sin embargo, la discusión evidencia que el reemplazo no está exento de controversias: mientras el Gobierno lo presenta como una política inclusiva y solidaria, voces críticas advierten que aún quedan dudas sobre su viabilidad y equidad.