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Durante los primeros días de abril de 2026, el Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones (MTT) ha sacudido el tablero regulatorio al anunciar modificaciones profundas al reglamento de la Ley Uber. Según el actual ministro, Louis de Grange, el reglamento original —aprobado en 2025— contenía restricciones que “destruían la industria” y amenazaban con dejar fuera al 85% de los conductores actuales.

1. El debate por la “Flexibilización”

El centro de la discusión actual es la decisión del Gobierno de eliminar o suavizar requisitos técnicos que eran considerados críticos por gremios de taxistas, pero “absurdos” por las aplicaciones:

  • Eliminación de la cilindrada mínima: Se dejaría sin efecto la exigencia de motores de 1.4 litros, permitiendo que autos urbanos de menor cilindrada (más eficientes y comunes) sigan operando.
  • Antigüedad de los vehículos: El reglamento anterior exigía que los autos nuevos en el registro tuvieran 0 kilómetros (máximo un año de antigüedad). La nueva propuesta busca ampliar este margen para no frenar la inscripción de nuevos conductores.
  • Movilidad Intercomunal: Se busca eliminar la restricción que impedía a conductores recoger pasajeros en comunas distintas a las de su registro, lo cual dificultaba la logística en zonas periféricas.

2. Los puntos de conflicto en el Congreso

La noticia ha dividido a los parlamentarios:

  • Postura a favor: Diputados y senadores oficialistas valoran la medida como un “salvataje al empleo”, argumentando que, de aplicarse el reglamento anterior, el desempleo nacional podría haber subido un punto porcentual (del 8,3% al 9,3%).
  • Postura en contra: Sectores de la oposición y gremios de taxis tradicionales acusan al Gobierno de “ceder ante el lobby de las apps” y de poner en riesgo la seguridad de los pasajeros al bajar los estándares técnicos y de fiscalización.

3. ¿Qué pasa con la Licencia Profesional (Clase A2)?

A pesar de la flexibilización en los fierros (el auto), la exigencia de la licencia profesional A2 sigue siendo el gran “nudo ciego”.

  • Muchos conductores denuncian que las municipalidades no tienen capacidad para procesar la alta demanda de exámenes.
  • Se mantiene el debate sobre si otorgar una prórroga adicional para que los conductores obtengan este documento sin ser multados o retirados de circulación.