El presidente electo de Chile, José Antonio Kast, reafirmó este miércoles su compromiso con una política de “mano dura” contra el vandalismo al detallar la implementación del Rol Único de Vándalos (RUV). Esta medida, estrella de su “Plan Implacable”, busca crear un registro nacional digital para identificar y sancionar a quienes cometan actos de incivilidad en espacios públicos.

Durante una actividad con vecinos en la comuna de San Miguel —donde estuvo acompañado por adherentes de la zona sur, incluyendo representantes de San Bernardo— Kast explicó que el registro incluirá a personas responsables de delitos como rayados (grafitis), destrucción de mobiliario público, bloqueos de calles, quema de neumáticos, ocupación ilegal de terrenos, agresiones a Carabineros, comercio ambulante ilegal, carreras clandestinas y ruidos molestos reiterados.

“Quien rompe, paga”

”Sal a rayar un grafiti y quedas inscrito en el Rol Único de Vándalos; nunca más vas a recibir un beneficio del Estado. Porque rompiste algo que era de todos, hazte responsable”, enfatizó el futuro mandatario. Kast, quien asumirá el cargo el 11 de marzo de 2026, llega respaldado por una contundente victoria en la segunda vuelta del 14 de diciembre, donde obtuvo un 58,16% a nivel nacional y un destacado 59,83% en la comuna de San Bernardo.

La principal sanción para los inscritos en el RUV será la pérdida de acceso a beneficios estatales, tales como subsidios, becas, créditos o bonos. Según el equipo del Partido Republicano, se utilizarán herramientas avanzadas como inteligencia artificial y reconocimiento facial, basadas en redes de cámaras de seguridad y evidencia audiovisual, para identificar a los responsables de forma infalible.

Desafío Legislativo

Esta propuesta, parte del plan “Chile sin Vándalos”, será impulsada como proyecto de ley en los primeros meses de su gobierno. El éxito de la iniciativa dependerá del debate en el Congreso, donde en distritos clave como el Distrito 14 (que incluye a San Bernardo, Buin y Paine), las fuerzas políticas se encuentran divididas.

La iniciativa ha generado un intenso debate nacional: mientras sus partidarios la ven como una herramienta necesaria para restaurar el orden y proteger el patrimonio que pertenece a todos los chilenos, sus críticos advierten sobre posibles vulneraciones a derechos fundamentales y la eficacia de retirar redes de protección social a infractores de incivilidades menores.

canal de telegram

Síguenos